viernes, 30 de septiembre de 2011

Votos y vetos

J. I. Torreblanca

En los días buenos, la política es el arte de tomar decisiones que resuelven problemas y mejoran la vida de la gente. Pero como en la vida misma, no todos los días luce el sol y hay ocasiones en las que la política no se dignifica resolviendo los problemas, sino posponiendo sus soluciones o, directamente, agravándolos. Esa sensación tenemos en el contexto europeo, donde arrastrar los pies y diferir las soluciones parece que se ha convertido en la norma, no en la excepción.

El Bundestag ratificó ayer las medidas de urgencia tomadas en julio, mientras que el Parlamento finlandés hizo lo propio el miércoles. El caso es que, dos meses después de aquellas medidas, se supone que tenemos que congratularnos porque 11 países ya hayan ratificado la ampliación de los recursos y competencias del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (ese embrión de Fondo Monetario Europeo con el que estamos intentando hacer frente a la crisis). Aún quedan, sin embargo, otros seis por hacerlo (Austria, Chipre, Eslovaquia, Estonia, Holanda y Malta). Algunos plantean dificultades específicas, bien porque sus Gobiernos están en el campo de la ultraortodoxia económica o bien porque tienen apoyos parlamentarios de partidos xenófobos o euroescépticos que reniegan de cualquier tipo de solución que tenga un componente europeo. El resultado es que mientras sus señorías eslovacas, austríacas u holandesas se lo terminan de pensar, la crisis ya ha desbordado por completo las medidas aprobadas en julio y el debate sobre una nueva reforma y ampliación del fondo de estabilidad ya ha comenzado.

Gordon Brown, que fue un mal primer ministro pero un buen ministro de finanzas, ha estimado que los 400.000 millones de euros actuales de los que consta el fondo deberán ser ampliados hasta el billón de euros si se quiere evitar el colapso del sistema financiero, y eso en el escenario más optimista porque ese billón de euros, dice, fácilmente podría convertirse en dos. Una advertencia hecha pública el mismo día que Angela Merkel se esforzaba en el Bundestag para convencer a los miembros de su partido y de su coalición de Gobierno de que las medidas aprobadas en julio son suficientes y de que no pedirá más dinero a los contribuyentes alemanes para rescatar a Grecia. Está claro que Europa es víctima de la falta de voluntad política de sus líderes, pero también de su método para tomar decisiones.

A pesar de la similitud fonética, no hay nada más antagónico que un voto y un veto: mientras que el voto es el instrumento democrático por antonomasia, el veto es un instrumento contramayoritario y, por tanto, esencialmente incompatible con la democracia. Y aunque la Unión Europea no es una democracia, su proceso político y sus democracias nacionales están plagadas de actores con derecho de veto que son capaces de abortar en un momento dado la toma de una decisión. Hay 27 Gobiernos que tienen que acordar los textos por unanimidad (17 si se trata de la eurozona); multitud de socios de Gobierno en coalición que también tienen que ser consultados durante las negociaciones de dichos acuerdos; Parlamentos que luego los tienen que ratificar (algunos de ellos bicamerales o federales donde también los Estados o regiones pueden votar); Tribunales Constitucionales, como el alemán, que también gustan de examinar a fondo los acuerdos alcanzados; y, finalmente, en algunos casos, como ocurriera con la fallida Constitución europea, referendos populares (obligatorios u opcionales).

Hay que decir que, aquí, Alemania se lleva la palma. Su innegable eficacia económica coexiste con un sistema político que cuenta con un número exagerado de instancias decisorias y actores con derecho de veto: entre el grupo parlamentario de Merkel; la facción bávara del partido; los socios liberales de Gobierno; el Tribunal Constitucional y unas muy inconvenientes elecciones regionales cada dos por tres, nos tienen a todos en vilo.

Claramente, los alemanes son mucho mejores en ingeniería industrial que en ingeniería política. Es una pena que los déficits institucionales no se anoten en la contabilidad nacional: ahí saldríamos ganando y ellos perdiendo.

Así pues, incluso en el mejor de los casos, en un mundo ideal con Gobiernos monocolor henchidos de liderazgo, Parlamentos sumisos, Estados unitarios, electorados indiferentes y Tribunales Constitucionales dóciles seguiríamos teniendo 27 actores con derecho de veto, 17 en el caso de la eurozona. No es de extrañar que ante la mera insinuación de que la crisis del euro requeriría renegociar los Tratados europeos, cunda el pánico. Y no es de extrañar tampoco que los mercados sospechen de un sistema político (el europeo) experto en posponer tomar las decisiones importantes o directamente, evitar tomarlas.