viernes, 25 de noviembre de 2011

¿Quién marca el rumbo político de Europa?

Los últimos cambios políticos son la demostración de que los dirigentes europeos perturban la estabilidad de los poderes entre la sociedad y el Estado, entre la economía y la política, sin que sepamos qué poder ejercen los ciudadanos.
Lo que ha sucedido en Europa entre la caída de los Gobiernos griego e italiano y el desastre de la izquierda española en las elecciones de este domingo, es una circunstancia en la historia de los reajustes políticos que se luchan por correr detrás del problema financiero. Parece que se hubiera superado una raya en el proceso de la crisis, que provoca una desconfianza en las instituciones y que su forma de legitimación parezca irreversible. A pesar de estas y otras preguntas, es inevitable arriesgarse y hacer balance de la situación.

Los cambios electorales, como la que quizás se produzca en Francia en seis meses, no merecen grandes comentarios. Hemos comprendido que los electores culpan a los Gobiernos de la progresiva incertidumbre en la que vive actualmente la mayoría de los ciudadanos de nuestros países y no tienen demasiadas esperanzas sobre sus sucesores, aunque en el caso italiano, después de Berlusconi es explicable que Monti, al menos por ahora, supere en popularidad a su antecesor.

Por tanto, la cuestión más importante es la concerniente al delicado momento de las instituciones. La conjunción tanto de la incertidumbre de la presión de los mercados, que hacen subir y bajar los tipos de los préstamos, como del afianzamiento de un “directorio” franco-alemán y de un dominio de los “técnicos” relacionados con la economía internacional, únicamente puede generar debates, inquietudes y justificaciones.

La paradoja de un proceso de cambio y el mantenimiento de la esencia democrática

Una de las cuestiones más recurrentes es la de la “dictadura de los comisarios”, la llegada de los “tecnócratas” a la dirección de los gobiernos. Según esta discusión se entorpecerían eventualmente algunos resortes de la democracia con el fin de rehacer la posibilidad de que ésta vuelva a surgir. Los “comisarios” hoy no podrían ser sino economistas. El ámbito y la duración del mandato de Mario Monti y Lucas Papademos deben ser lo bastante amplios para que sean eficaces. Pero en ambos casos se dice que deben limitarse para garantizar, en las mejores condiciones, el retorno a la legitimidad democrática. No hay que olvidar tampoco que esos “tecnócratas” provienen, no del mundo empresarial o exclusivamente financiero, sino —o también— del político.

Papademos no sólo fue gobernador del banco Central de Grecia y vicepresidente del Banco Central Europeo, sino que, tras la dimisión de Papandreu, el partido socialista PASOK, el partido conservador Nueva Democracia y el partido ultraderechista LAOS, que juntos contaban con 254 escaños de los 300 escaños del Legislativo, apoyaron por amplia mayoría absoluta la designación de Papademos como primer ministro, al mando de un gobierno transitorio de coalición nacional, que tendría como objetivo aprobar las medidas económicas urgentes que necesita el país para recibir el segundo tramo del rescate de la Unión Europea y la quita de la mitad de su deuda externa.

Monti, a propuesta del Presidente de la República, Giorgio Napolitano, fue elegido por amplia mayoría en el Parlamento, y se esforzó pública y privadamente por la participación en su gobierno de representantes de todos los partidos, algo que éstos fueron rechazando, tras largas conversaciones, por no querer quemarse en un Gobierno que tendrá que realizar una política económica restrictiva y la imposibilidad de ponerse de acuerdo en el reparto de los ministerios.

Es decir, han sido impuestos, sí, pero con el consentimiento del poder político, legislativo y ejecutivo. Pero, ¿y el pueblo? Ni que decir tiene que Europa únicamente se construye con el apoyo y la participación de los pueblos.

Una aclaración: cuando hablamos de que la tecnocracia sustituye a la política, nos tenemos que preguntar antes de qué política estamos hablando. La palabra "política" no implica necesariamente que ésta sea democrática, aunque deba serlo. En el caso griego y en el italiano ha habido mucha política en estos últimos años; pero tengo dudas de que haya habido mucha democracia. La democracia no es algo que se pueda valorar en abstracto: necesita de unas condiciones mínimas y básicas para que se pueda dar: por ejemplo, una cierta igualdad entre los partidos que compiten. Cuando esas mínimas condiciones no se dan en absoluto, como en Italia, dudo de que se pueda hablar de democracia. Las democracias se legitiman también por los resultados. No solamente las tecnocracias, ojo con esto, no hay que volverse angelical. Cuando las democracias no ofrecen resultados, se deslegitiman, por muchas elecciones que haya, mucho debate y mucha confrontación. Si no produce resultados, es que (aquí sí) el sistema político de esa democracia está funcionando mal.

En este contexto, hay que tener en cuenta el peligro de que afloren los iluminados “sin ideología”. Los que condujeron no hace mucho tiempo a un auténtico caos. Es urgente reforzar la UE. No podemos tomar como excusa la crisis para arremeter contra una de las mayores conquistas políticas de los últimos siglos. La UE no es sólo un asunto económico.

Hay que recordarles a los más jóvenes que la Historia de Europa fue una historia de guerras sin fin. Sin ella volvería el peligro de volver a enzarzarnos en disputas. Hay en el aire demasiado desaliento sobre la UE, algo así como ganas de volver a la estrecha política nacional o local. Sería una vuelta atrás sangrante. Si acaso la Unión debería tener mayores poderes, para empezar, contra los desvíos de los financieros, ese terrible poder paralelo, que recuerda en parte el tremendo poder paralelo de la mafia siciliana que fue la que le dio por primera vez el mando a Berlusconi. !Y fue en las urnas! No podemos, ni frente a la peor de las crisis perder la memoria histórica. Es la primera vez que Europa lleva decenas de años sin una guerra. La antigua Yugoslavia no estaba integrada en la UE. De haberlo estado quizás se hubiesen ahorrado la tragedia.

La idea que parece instalarse es la de una revolución desde arriba, que encabezarían los dirigentes de las naciones dominantes y la Comisión Europea, con la urgencia de evitar a toda costa el hundimiento anunciado del euro. Esta noción implica un cambio de estructura de la gobernanza[1] europea y por tanto de los equilibrios de poder entre la sociedad y el Estado, la economía y la política, como resultado de una estrategia preventiva por parte de las clases dirigentes.

Es esto lo que está sucediendo con la neutralización de la democracia parlamentaria, la institucionalización de los controles presupuestarios y la fiscalidad por parte de la UE, así como con la sacralización de los intereses bancarios en nombre de la ortodoxia neoliberal. Sin duda, estas transformaciones se encuentran latentes desde hace mucho tiempo, pero nunca se habían reivindicado como una nueva configuración del poder político. Por lo tanto, no se han equivocado los que presentan como una auténtica revolución la elección del presidente del Consejo Europeo por sufragio universal, lo que conferiría al nuevo edificio un halo democrático. Salvo que esa revolución desde arriba ya está en marcha, o al menos se plantea.

¿El fin de una Europa como proyecto colectivo?

Sin embargo no se puede ocultar que el éxito de esta tentativa no está en absoluto garantizado. Por lo pronto, se presentan tres dificultades que pueden unir sus efectos para llegar en una crisis empeorada y por lo tanto en el final de una Europa como proyecto colectivo. El primero se debe a que ninguna configuración institucional puede tranquilizar a los mercados, nombre en clave de la especulación, ya que ésta se alimenta a la vez de los riesgos de quiebra y de las posibilidades de ganancias que ofrecen a corto plazo. Es el principio de la proliferación de los productos derivados y del diferencial sobre los tipos de interés. Las instituciones de inversión que alimentan las operaciones bancarias en la sombra necesitan llevar los presupuestos nacionales al borde de la ruina, mientras que los bancos necesitan contar con los Estados (y los contribuyentes) en caso de crisis de liquidez. Pero tanto unos como otros forman un circuito financiero único. Mientras no se vuelva a cuestionar la “economía de la deuda”, que rige las sociedades de arriba a abajo, no será viable ninguna “solución”. Pero la gobernanza actual lo excluye a priori, aunque para ello sacrifique cualquier crecimiento durante un tiempo indeterminado.

La segunda dificultad es el aumento de las contradicciones internas de la UE. No sólo está la posibilidad de “la Europa de dos velocidades”, sino que incluso hay quienes hablan de Europa de tres o cuatro velocidades y a cada instante surgirá la amenaza del estallido de la economía de los países de la eurozona. De hecho, ya tenemos tres velocidades: los países de la UE establecieron varias reglas para entrar en la Eurozona, pero si no se cumplen, si mienten a sus ciudadanos y socios sobre la situación de sus economías, y si las agencias de calificación y Eurostat yerran totalmente, se interpretará que esas conducta “irresponsable” de los políticos, gobiernos y del sector bancario conducirá a un agravamiento de la crisis. La interpretación del eje franco-alemán es que si se quiere estar en la Eurozona hay que cumplir las reglas. Lo tomas o lo dejas. De los países que no forman parte de ella, algunos buscarán una mayor integración, mientras que otros (especialmente el Reino Unido), a pesar de su dependencia del mercado único, acabarán rompiendo o suspendiendo su pertenencia.

En cuanto al mecanismo de “sanciones” advertidas contra los malos alumnos del rigor presupuestario, sería iluso pensar que sólo puede afectar a algunos países “periféricos”. Y basta con observar cómo se ha dejado a Grecia sin fuerzas, al borde de la revuelta, para imaginar los efectos que tendría la generalización de estas “fórmulas” en toda Europa. Por último, y no por ello menos importante, el “directorio” franco-alemán, trastocado en los últimos días por el desacuerdo sobre la función del Banco Central, tiene pocas posibilidades de fortalecerse en estas circunstancias, a pesar de los intereses electorales de sus miembros, y sobre todo del presidente francés.

La coacción del caos

Pero la dificultad más difícil de vencer será el castigo de la opinión pública. Sin duda el chantaje del caos y el espantajo permanente de una rebaja de la nota pueden paralizar los reflejos democráticos. No se puede aplazar indefinidamente la necesidad de conseguir la autorización popular para poder realizar cambios a través de una revisión de los tratados, por limitada que sea. Y toda consulta implica la posibilidad de volverse contra el proyecto de la Unión. A la crisis de estrategia se añadirá entonces una crisis de representación, que también se encuentra avanzada.

En estas condiciones no es sorprendente que se alcen voces críticas. Pero lo hacen en direcciones opuestas. Unos apoyan un refuerzo de la integración europea, pero afirman que únicamente es viable con la condición de que conlleve una triple democratización: restablecimiento de la política en detrimento de las finanzas, control de las decisiones centrales mediante una representación parlamentaria reforzada, vuelta al objetivo de solidaridad y de reducción de las desigualdades entre los países europeos. Otros, como los teóricos de la de la desglobalización, ven en la nueva gobernanza el resultado de la sumisión de los pueblos “soberanos” a una construcción supranacional que sólo puede servir al neoliberalismo. Los primeros son claramente insuficientes y los segundos se encuentran peligrosamente expuestos a fusionarse con los nacionalismos que pueden llegar a ser xenófobos.

La rebeldía de los ciudadanos

La gran preguntas es saber cómo se orientará la “revuelta de los ciudadanos”, cuya intensificación ante la “dictadura de los mercados”, a los que los Gobiernos sirven de instrumento. ¿Se volverá contra la instrumentalización de la deuda, que traspasa las fronteras, o bien verá en la construcción europea, tal como se plantea actualmente, un remedio peor que la enfermedad? ¿Intentará, allí donde la gestión de la crisis concentra los poderes de hecho o de derecho, crear contrapoderes, no sólo constitucionales, sino también autónomos y si fuera necesario, insurreccionales?

¿Se conformará con reclamar la reconstitución del antiguo Estado nacional o social, hoy carcomido por la economía de la deuda, o bien buscará alternativas socialistas e internacionalistas, los fundamentos de una economía del uso y de la actividad, a escala de la globalización en la que Europa en el fondo tan sólo es una provincia?

Sólo podemos aventurar que el factor determinante para que cesen estas incertidumbres será la extensión y la distribución por Europa de las desigualdades y de los efectos de la recesión, en especial del paro. Pero la capacidad de análisis y de indignación de los “intelectuales” y los “militantes” será la que alumbre, o no, los referentes simbólicos.

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[1] 1. f. Arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía.
2. f. ant. Acción y efecto de gobernar o gobernarse.