...a la guerra económica
Cuando Vladimir Putin, presidente de Rusia, decidió intervenir en el conflicto ucraniano otorgando apoyo logístico y armamentístico a los rebeldes del este del país, probablemente lo hizo considerando las posibles consecuencias de su acción en el corto, medio y largo plazo, además de en clave local y regional. Llegaría a la conclusión de que, salvo intervención de Moscú, Ucrania, no sin pocas dificultades, vencería a los rebeldes prorrusos, perdiendo así la neutralidad de un país estratégico en el statu quo entre Rusia y el occidente europeo. Igualmente consideraría la debilidad política de la Unión Europea, enfrascada en pulsos internos y con una crisis económica cuya resolución es la prioridad absoluta de Bruselas, por lo que salvo enérgicas condenas y ayudas testimoniales a Kiev, su capacidad de respuesta iba a ser bastante limitada. Tampoco vería excesivo peligro en el papel de la OTAN, una organización político-militar que dada su orientación defensiva y las escasas capacidades ofensivas que presenta, poco iba a enturbiar la actuación rusa en suelo ucraniano.
Ni siquiera Estados Unidos le podía suponer un problema; enfrascado en un Oriente Medio que se desmorona por momentos, la importancia de Ucrania en la política exterior de Washington era nula. Si todo no marchaba según lo previsto, Rusia siempre podría jugar la carta de cortarle el gas a Europa, una frase que pone firme a todo el continente de inmediato. Así, el saldo entre ventajas e inconvenientes era claramente favorable a una intervención en el país vecino.
Una de las primeras maniobras, y claramente la más directa y arriesgada, fue la ocupación de la península de Crimea por tropas rusas en febrero de 2014, seguida al mes siguiente de un referéndum sobre la integración de la región a la Federación Rusa, cuyo resultado fue favorable a ello. Sin que se produjese combate alguno, Putin añadía otro episodio a la lista de éxitos de su particular realpolitik, iniciada con éxito en los años noventa en el Cáucaso. La reacción occidental a esta maniobra fue la esperada: condenas, declaraciones reprobatorias y la negativa a reconocer tal anexión —algo que tampoco reconoce la ONU y que desde el punto de vista del Derecho Internacional es un hecho ilegal—. La continuación de la política del apaciguamiento.
Con este error sobre sus espaldas, el pulso entre Rusia y sus adversarios ha pasado de una Blitzkrieg rusa a un camino muy cuesta arriba que por poco ha acabado en bancarrota para Moscú. Sin duda, el mayor interrogante actual para la potencia de los Urales es si continuar insistiendo en su política sobre Ucrania y para con la Unión Europea y arriesgarse a seguir recibiendo certeros disparos sobre su economía o dar un paso atrás y esperar que los dioses financieros sean clementes con el país.
El inicio de esta guerra —económica— tuvo más un carácter político que estrictamente económico. Los primeros movimientos se encaminaron más a tantear y advertir al adversario que a desvelar las cartas. Una escalada en el conflicto económico podía tener efectos tan perjudiciales como una guerra convencional, por lo que si se atajaba antes de llegar a cierta fase crítica, ambas partes se ahorrarían muchos disgustos.
Así, las primeras medidas de castigo provenientes de la UE y EEUU hacia Rusia se produjeron al poco tiempo de la anexión de Crimea. Algunos altos funcionarios rusos veían congeladas sus cuentas y activos en territorio comunitario y estadounidense, una medida dirigida a la élite del Kremlin que se podría considerar como justa al no castigar así a la población rusa pero enormemente ineficaz y sin coste político alguno para las altas esferas de la Federación.
Sin embargo, la medida realmente dolorosa provino del G7, que decidió a última hora excluir a Rusia de un encuentro en la ciudad de Sochi y trasladar la reunión a Bruselas. Se jugaba pues la baza de aislar internacionalmente a Rusia, algo que sí suele tener un alto coste político y económico, más aún para el gigante euroasiático, con aspiraciones de potencia global. Aun así, no era suficiente. Los beneficios para Rusia todavía eran bastante más altos que los costes por mantener el apoyo a los rebeldes prorrusos que se habían hecho fuertes en el este del país, en las regiones de Donetsk y Lugansk.
Por aquel entonces, Putin ganaba tiempo con discursos llamando al diálogo entre las partes en conflicto, y mensajes cordiales hacia el entendimiento con la UE. Tiempo era lo único que necesitaba, esperando que Ucrania colapsara o que el conflicto llegase a tal punto muerto que se aceptase la influencia rusa sobre el este del país. Sin embargo, en la zona atlántica también eran conocedores de este hecho, y al contrario que Rusia, tiempo es precisamente lo que no tenían.
A finales de abril de 2014, Estados Unidos y la UE volvieron a mover ficha para presionar a Rusia. Se ampliaron las sanciones contra altos funcionarios, y Washington impuso limitaciones a la exportación de alta tecnología a Rusia. Una vuelta de tuerca al conflicto económico, que pasaba de las sanciones personales a sanciones comerciales.
No favoreció al entendimiento el hecho de que aunque Putin apoyase las elecciones presidenciales ucranianas del 25 de mayo y pidiese a los rebeldes que aplazasen su consulta independentista del día 11 de ese mismo mes, estos hiciesen caso omiso de Moscú. Esto ponía al presidente ruso en una delicada posición; o retirar el apoyo a las milicias prorrusas, lo que suponía destruir gran parte del éxito del modus operandi de la influencia rusa en las exrepúblicas soviéticas o reafirmarse en el apoyo a los rebeldes, lo que enconaba la tensión con el resto de Europa. Putin se encontraba encadenado a una situación que pretendía controlar, algo que no es nada agradable para una persona de su visión y estilo político.
Mientras la guerra arreciaba en Ucrania, Bruselas y Washington volvían a apostar un poco más fuerte. A finales de julio se decidía sancionar a importantes empresas rusas, en especial bancos y corporaciones energéticas, cerrando el grifo de la financiación. Las empresas Gazprom o Rosneft se veían seriamente perjudicadas por esta decisión, puesto que la facilidad de financiación en Europa es mucho mayor que la existente en Rusia. Los costes empezaban a aumentar peligrosamente para Moscú mientras la guerra permanecía empantanada y el país se acercaba peligrosamente a la recesión. El factor tiempo empezaba a dejar de ser un aliado para convertirse en una molestia.
Tampoco Rusia iba a quedarse de brazos cruzados mientras desde el oeste le presionaban más y más. Había aplicado sanciones contra algunos funcionarios norteamericanos, pero no había ido más allá. Sin embargo, en agosto decidió apuntar a una flaqueza económica, social y política de la Unión: la política agraria. Así, el 6 de agosto, Putin ordena suspender las importaciones de productos ganaderos, hortalizas, pescado y leche entre otros de todos aquellos países que habían impuesto sanciones contra su país. Además de la UE y Estados Unidos, esta medida se extendía a países como Australia, Canadá o Noruega, si bien la zona comunitaria fue —y es todavía— la más afectada.
Pérdidas de miles de millones para la agricultura europea fueron las consecuencias inmediatas de la decisión rusa dada la condición del producto y la imposibilidad de encontrar mercados, ya que la agricultura europea es poco competitiva, de ahí que esté tan protegida por la Unión. Putin había esperado para devolver el golpe, pero este había sido certero y dañino. Parecía que Rusia también sabía cómo jugar a este tipo de guerra.
