¿Se siente incómodo el Partido Popular con la independencia de otros poderes y con la imprescindible neutralidad de los organismos del Estado? Diría que sí, sin matices. Basta repasar la actualidad para comprobar una estrategia para desactivar todos los resortes de la arquitectura institucional de este país e intentar ponerlos a su servicio. En las últimas horas los resultados son más que evidentes y sus consecuencias gravísimas para nuestra democracia.
- Dimisión del fiscal general del Estado. La opinión de la inmensa mayoría de los medios es unánime: Eduardo Torres Dulce deja el cargo hastiado por el acoso del Gobierno. Mariano Rajoy no quiere un servidor del Estado sino una marioneta del Ejecutivo.
- 13 magistrados del Supremo se rebelan contra las presiones del Gobierno. El detonante es la acusación velada de prevaricación lanzada por el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, por la puesta en libertad de presos etarras que habían cumplido sus condenas de acuerdo con la legislación europea. A las palabras de Fernández Díaz hay que sumar, aunque con menos visceralidad y desproporción, las de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y las del ministro de Justicia, Rafael Catalá. Los jueces le piden al presidente del Supremo que actúe ante estas injerencias insoportables.
- Se aparta al juez Ruz de la Audiencia Nacional. En una controvertida decisión de la permanente del Poder Judicial, según especialistas en la materia, muy condicionada desde el poder político, no se prorroga la comisión de servicios en la sala cinco de la Audiencia Nacional al magistrado Pablo Ruz, que está investigando el caso Gürtel, el caso Bárcenas y la presunta financiación irregular del PP. Temas todos muy sensibles para el partido del Gobierno y que el juez tiene hasta marzo para seguir desentrañando. Si no culmina la instrucción, está en el mejor de los escenarios sufrirá un importante retraso.
- Nombramientos a la carta. Se ha removido responsables policiales y de la Agencia Tributaria que estaban investigando asuntos judiciales relacionados con el Partido Popular. Nadie del Gobierno ha dado una explicación más convincente que un porque sí.
- RTVE, con control remoto desde la Moncloa. Nada más llegar al Gobierno, el PP promovió una reforma de la ley de la radio y televisión públicas para que el director general fuera elegido por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados a propuesta del Ejecutivo. En la etapa socialista se aprobó una norma para que el responsable de la RTVE necesitara mayoría cualificada de la Cámara para un periodo de seis años a fin de garantizar su independencia. Con este chusco movimiento, el PP ha conseguido un ente público al servicio de sus siglas y que ha perdido la audiencia y la credibilidad adquirida en los años anteriores.
Foto.- Confidencia entre Rajoy y Fernández Díaz, que le comenta algo con la boca tapada, para que no se le lean los labios, al modo de los futbolistas.
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