domingo, 15 de marzo de 2015

El sueño bolivariano redivivo: las reelecciones presidenciales en perspectiva histórica

Anónimo, Manifestación del Centro Democrático Anti-reeleccionista, Ciudad de México, mayo de 1910. Impresión contemporánea (a partir de placa seca de gelatina). © 5662 CONACULTA. INAH. SINAFO. FN. MÉXICO. Fondo Archivo Casasola, Pachuca, Hidalgo
 
'El presidente de la república viene a ser en nuestra Constitución, como el Sol, que, firme en su centro, da vida al universo. Esta suprema autoridad debe ser perpetua; porque en los sistemas sin jerarquías se necesita más que en otros un punto fijo alrededor del cual giren los magistrados y los ciudadanos: los hombres y las cosas'.
Simón Bolívar, Discurso introductorio a la Constitución de Bolivia, 1826.

La cita del Libertador es oportuna para reflexionar en perspectiva histórica sobre un debate muy actual. Como sabemos, la reelección indefinida de un jefe de Gobierno es relativamente común en los países con sistemas parlamentarios pero no lo es en los países republicanos con tradición presidencialista. En Hispanoamérica –principal laboratorio de experimentación republicana durante el siglo XIX– predominó desde los orígenes la tendencia  a establecer límites (con distintas variantes) a la reelección de los poderes ejecutivos. Esta tendencia, que se mantuvo a lo largo del siglo XX, hoy parece retroceder si observamos las propuestas de reformas constitucionales destinadas a implantar la reelección de los presidentes. 
 

 
El caso más resonante ha sido la reforma impulsada por Hugo Chávez en Venezuela que –cumpliendo el sueño bolivariano– instauró la reelección indefinida del Poder Ejecutivo. En Ecuador, la Constitución de 2008 promovida por Rafael Correa estableció la reelección presidencial inmediata por una sola vez y actualmente se está discutiendo la posibilidad de reformarla para permitir la reelección indefinida. En Colombia, el intento del expresidente Álvaro Uribe de obtener una segunda reelección inmediata fue frustrada por la Corte Constitucional al declararla inconstitucional en 2010. En Argentina, con la reforma de 1994 aprobada bajo la presidencia de Carlos Menem, se consagró el principio de reelección presidencial por un solo mandato consecutivo (establecido en la reforma de 1949 impulsada por Juan Domingo Perón pero abolida luego de su caída) y el debate regresó durante la actual gestión de Cristina Fernández de Kirchner. En este caso, la posibilidad de instituir la reelección indefinida alentada por algunos sectores del oficialismo parece haber quedado clausurada luego de los resultados electorales de octubre de 2013. 
 
Las intermitencias de estos debates son directamente dependientes de las cambiantes situaciones que depara la aritmética electoral como de las diversas características que presentan los sistemas de partidos. Asociados a la emergencia de los neopopulismos en algunos países de la región, estos debates exhiben un argumento central a la hora de avalar las reformas indicadas: si la democracia se funda en el principio de la soberanía popular, y ésta se expresa a través del voto, es antidemocrático no admitir la cláusula de la reelección indefinida si las mayorías sufragan a favor de ella. La adhesión o rechazo hacia este argumento y las posibilidades de éxito que pueda tener en cada caso es objeto de análisis de los cientistas políticos. Pero la densidad histórica que encierra el problema invita a los historiadores a regresar al pasado para reflexionar, una vez más, sobre la siempre complicada relación entre legitimidad electoral y límites al poder. Un asunto que ha merecido la atención de los más célebres filósofos políticos, intelectuales y especialistas desde el temprano siglo XIX y que sólo retomaré aquí en algunos aspectos de manera (peligrosamente) estilizada. 
 
Si miramos en perspectiva histórica cada una de las premisas que componen el argumento que avala la reelección indefinida de la autoridad política, Bernard Manin –entre otros– nos viene a recordar (en Los principios del gobierno representativo, 1998) lo siguiente: 
 
1.     Que hasta fines del siglo XVIII los sistemas electivos fueron considerados métodos aristocráticos e incluso oligárquicos de selección de la autoridad. Desde la democracia griega, pasando por la república romana y las antiguas repúblicas italianas, en las que se practicaban diferentes sistemas electorales, se consideró que la elección reducía el círculo de los ciudadanos potenciales a ocupar un cargo porque sólo serían electos aquellos que gozaran de mayor prestigio y recursos materiales para imponer sus candidaturas. 
 
2.     Que el modo de atenuar esa tendencia a crear gobiernos aristocráticos u oligárquicos a los que conducía la posibilidad de elegir y reelegir indefinidamente a los personajes más populares era combinar el sistema electivo con el mecanismo de sorteo. Este último era considerado el procedimiento democrático e igualitario por antonomasia porque estaba destinado a garantizar el principio de rotación en el cargo; es decir, el principio  que estimulaba la alternancia entre mando y obediencia.
 
3.     Que esta forma de concebir la democracia es muy diferente de la que se impuso gradualmente después de las revoluciones de fines del siglo XVIII y comienzos del XIX. La selección por sorteo era considerada un procedimiento particularmente igualitario, pero no se pensaba en la igualdad de oportunidades, ni en la igualdad de resultados, sino en la igualdad de probabilidades de obtener un cargo. 
 
4.     Que con las revoluciones atlánticas se abandonó el mecanismo de sorteo y se adoptó el sistema electivo como único procedimiento de expresión de la voluntad popular. La secularización del poder político  impuso las nuevas bases de legitimación fundadas en el consentimiento de aquellos sobre los que se ejerce la autoridad.
 
Ahora bien, el advenimiento de una era signada por el triunfo de la soberanía popular estuvo también marcado por las prevenciones ante la amenaza latente de ejercicio despótico del poder. Tales prevenciones se tradujeron constitucionalmente en el novedoso principio de división de poderes y en la instauración de un mecanismo capaz de garantizar la alternancia y la rotación en los cargos como lo había hecho en las repúblicas clásicas el sistema de sorteo. En los sistemas republicanos modernos, este mecanismo estuvo especialmente pensado para esa nueva criatura política que acababa de inventarse: la de un poder ejecutivo unipersonal elegido por el voto popular en reemplazo de la figura del monarca fundada en el principio hereditario del linaje dinástico.
 
Adam Przeworski, al reflexionar sobre el tema (en Qué esperar de la democracia. Límites y posibilidades del autogobierno, 2010), subraya que la predominancia de mandatos cortos y de restricciones a la reelección en las primeras constituciones republicanas ya no perseguía el principio (aristotélico) de dar a todos una oportunidad de gobernar, sino el de evitar que los elegidos se eternicen en el cargo. El autor destaca además que, en Hispanoamérica, el Sol al que aspiraba Bolívar promoviendo presidencias vitalicias despertó entre sus habitantes un temor que sólo se atenuaría a fines del siglo XX. Las fórmulas prescriptitas y operativas inventadas y redefinidas a lo largo de estos dos siglos para diputar el nudo gordiano de nuestras repúblicas –tal es el control de la sucesión presidencial– revelan, por un lado, la variedad de sistemas y de prácticas desarrollados desde México (el caso sin duda más 'original') hasta la Argentina, y por el otro, la novedad de esta tendencia reeleccionista. Aún cuando la misma se presenta sólo en unos pocos casos bajo el reclamo maximalista de ser indefinida, es cierto también que desde la última década del siglo pasado se sancionaron reformas para establecer un segundo mandato consecutivo en varios países.
 
El temor exhibido en el pasado hacia la figura del presidente y su potencial vocación de perpetuarse en el poder parece diluirse en algunas de nuestras sociedades a favor de una legitimidad basada excluidamente en las urnas. En este caso, el sempiterno solapamiento entre procedimientos técnicos y principios sustantivos de legitimidad asume nuevas valencias. Si bien en los orígenes de la ficción fundadora del régimen representativo la regla de la mayoría se desplazó y confundió con el principio abstracto de la soberanía popular –en sintonía con el ideal de unanimidad que dominó la política durante gran parte del siglo XIX– había allí otra regla que no se vio erosionada (o contaminada) por la primera: a saber, la restricción de los mandatos. La novedad del momento es que la actualización de aquel desplazamiento que identificó la mayoría (de sufragios) con el todo (la voluntad general) hoy se lleva puesto el límite (y no sólo temporal) al ejercicio de la máxima autoridad. Un resultado que Guillermo O’Donnell denominó 'democracias delegativas'.
 
¿Se trata pues de un fenómeno exclusivamente latinoamericano? Sin duda que para muchos es difícil vencer la tentación de regresar sobre las clásicas versiones que vieron a la cultura política latinoamericana como una suerte de anomalía signada por el caudillismo, el personalismo, el populismo y tantos otros 'ismos' que se podrían agregar. Sin embargo es preciso explorar otras vías de análisis que ubiquen el fenómeno en un horizonte más amplio y complejo. En este sentido, cuando Pierre Rosanvallon reflexiona en torno a las disputas por la reelección de los poderes ejecutivos, concentrándose básicamente en el caso estadounidense, afirma que el tema no ha merecido suficiente atención en el campo académico a pesar de exhibir una transformación fundamental de las democracias actuales. Su abordaje del problema difiere, sin duda, de las situaciones aquí presentadas y se inscribe en la premisa que atraviesa su libro titulado La contrademocracia. La política en la era de la desconfianza (2007): el advenimiento de una democracia de la desconfianza frente a la democracia de la legitimidad electoral deriva en lo que el autor denomina 'democracia de control'. Aunque a primera vista esta premisa parece invertirse en Latinoamérica (al menos en el tema puntual que nos convoca) al observarse la creciente exacerbación de una legitimidad electoral que ya no reconoce la inicial desconfianza de nuestros antepasados ante el ejercicio continuado del poder, la pista de Rosanvallon puede resultar fértil. Bucear en las modulaciones que fue adoptando la desconfianza en el arco temporal que recorre los dos últimos siglos es un desafío abierto. Entre las democracias delegativas y las democracias de control se cuelan, sin duda, transformaciones en las culturas políticas que es preciso comprender.